Una vez superada la formación , y durante la vigencia de la autorización de residencia, el interesado presentará la solicitud de autorización de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería de su lugar de residencia, que le concederá en estos casos una autorización de 2 años que habilitará a trabajar.
El Nuevo Reglamento, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, recoge cinco tipos de autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo, teniendo en común todas ellas, como requisito general:
“No representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública”, es decir, carecer de antecedentes policiales.
Anteriormente, en la Ley solo se exigía carecer de antecedentes penales, existiendo múltiple jurisprudencia que excluía la existencia de antecedentes policiales como motivo de denegación, sin embargo, a partir de mayo de 2025, con el Nuevo Reglamento en vigor, es importante que canceles también tus antecedentes policiales para evitar la denegación de tu solicitud de arraigo.
El Ministerio de Justicia ha publicado una Instrucción de fecha 5 de noviembre de 2024 , por la que
se modifica la Instrucción de 25 de octubre de 2022, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
El periodo de estancia en situación irregular en España comenzará a contar a partir del momento en que la persona interesada registre ante el órgano competente (Oficina de Asilo y Refugio si se trata de un recurso de reposición, u órgano judicial si se trata de un recurso contencioso administrativo) su escrito de desistimiento del recurso, siempre que hayan transcurrido al menos dos meses desde la notificación de la denegación expresa inicial de protección internacional.
A estos efectos, podrán presentar ante la Delegación o Subdelegación de Gobierno competente el justificante del registro de presentación junto con el escrito de desistimiento.
El informe de integración/arraigo social es un documento emitido por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en cuyo territorio tenga su domicilio actual. Sirve para certificar que una persona extranjera ha logrado adaptarse al entorno social, cultural y laboral del país.
Este informe, hasta ahora, solo es necesario para solicitar permiso de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo social. Sin embargo, tras la nueva reforma del Reglamento de extranjería en noviembre de 2024, también es necesario para poder solicitar el arraigo socioformativo.
Una vez solicitado el informe a los órganos competentes, debe ser emitido en un plazo máximo de un mes, es decir, 30 días naturales.
El trabajador despedido debe comunicar en el plazo de 30 días a la Administración española este cambio, que afecta a sus condiciones de cara a mantener su permiso de residencia en España. Durante ese período, el trabajador deberá regularizar su residencia en España, si bien es importante saber que, si el trabajador tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo, podrá extender su permiso de residencia de trabajador altamente cualificado.
El Gobierno español concederá residencia y permisos de trabajo por un año a hasta 25.000 inmigrantes afectados por las inundaciones en Valencia, facilitando su regularización en el país.
La medida extraordinaria, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, busca facilitar los trámites para aquellos que viven en situación irregular en las decenas de localidades afectadas.
El caos provocado por las lluvias torrenciales dejó a muchos inmigrantes sin poder cumplir los requisitos para residir, estudiar y trabajar legalmente en España, según el ministerio. De igual forma, numerosos empleadores se han visto impedidos de completar la burocracia necesaria para contratar trabajadores extranjeros.
La Ley Beckham es un Régimen Fiscal Especial que permite a una persona que se desplace a trabajar en España por motivos laborales o como consecuencia de su nombramiento como administrador de una entidad española tributar durante 6 años al tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros y al tipo fijo del 47% a partir de 600.000 euros.
Las principales ONG que atienden a los migrantes en España y que ya habían alzado la voz en contra de varios de los cambios incluidos en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, han hecho sus reclamaciones ante el Tribunal Supremo.
Por ahora, un total de ocho organizaciones han recurrido esta semana la norma ante la Justicia pretendiendo impugnar algunos aspectos del texto aprobado por el Gobierno al considerarlos contrarios a la legislación.
Por un lado, piden que se corrijan las contradicciones de un reglamento que nació bajo la promesa de ser un sustancial avance de derechos, pero que en su redacción final ha supuesto una tremenda decepción por los puntos señalados.
El arraigo familiar es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que permite a personas extranjeras regularizar su situación legal en España si tienen relaciones familiares específicas con ciudadanos españoles y, en este supuesto, se aplica a personas nacidas de padres españoles, independientemente de su lugar de nacimiento.
No sólo los hijos de españoles de origen que establece el código civil pueden beneficiarse de esta posibilidad, sino también los hijos de españoles de origen que señala la Ley de Memoria Histórica.
